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¿Cómo se organiza una Entidad local?

El gobierno y la administración de los Municipios corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los concejales, cuyo número es variable en función de la población. Por su parte, el gobierno y administración de la Provincia corresponden a la Diputación, salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en las Islas Baleares que corresponden a los Consejos Insulares y en Canarias a los Cabildos.

El Gobierno y la administración municipal consta de:

  • Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno, que existen en todos los Ayuntamientos.
  • Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, y estos eligen al Alcalde.
  • El Pleno está integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde.
    • La Junta de Gobierno Local, constituida en todos los Municipios de población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo acuerden.
    • La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en todos los Municipios de gran población y en aquellos otros que así lo acuerden.
    • La Comisión Especial de Cuentas, constituida por concejales de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación, que informa sobre las Cuentas anuales antes de su sometimiento al Pleno para su aprobación.

Además, hay órganos para el estudio, informe o consulta de los asuntos sometidos a la decisión del Pleno, así como para el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones.

El Gobierno y la administración provincial (en los casos en que existe Diputación Provincial) consta de:

  • El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. El Pleno es el máximo órgano de la provincia, constituido por el Presidente y los Diputados, (entre 25 y 51) establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985.
  • Los Diputados provinciales deben reunir la condición de Concejales en los Ayuntamientos de la provincia respectiva, siendo por tanto su elección indirecta. Son elegidos por los partidos judiciales que forman la provincia, entre los concejales electos de todos los Ayuntamientos de cada partido judicial, previa confección de las listas de los partidos políticos que hayan concurrido a las elecciones.

Asimismo, existen en todas las Diputaciones órganos que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.

El resto de los órganos, complementarios de los anteriores, se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante, las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización complementaria.

Los órganos forales de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya conservan su régimen especial en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales, exceptuándose la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto. Los Cabildos insulares canarios se rigen supletoriamente por las normas de las Diputaciones provinciales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

El resto de Entidades locales tienen los órganos de gobierno que determinen las Leyes de las Comunidades Autónomas (en el caso de las Comarcas, Áreas metropolitanas), los estatutos (en el caso de las Mancomunidades), o la propia Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán contar, en todo caso, con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control.
 

 

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